El director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS) Roberto López , anunciaba en rueda de prensa el pasado 16 de abril la reforma del Reglamento de la Ley de la Seguridad Social de 1982. Al final de su alocución, en la que presentó artículo por artículo todas las reformas y novedades en el sistema público de pensiones nicaragüenses a aplicar a partir de primero de julio de 2018, señaló que esta reforma se hacía "por la estabilidad social, por la paz y por la justicia social". Lamentablemente no lo entendió así una parte de la sociedad nicaragüense y, en el momento de redactar estas líneas, el número de fallecidos por los brotes de violencia ascienden a 47 si tomamos como fuente el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, o 63 según otras organizaciones humanitarias.
La reforma en sí consistía en el mantenimiento y sostenibilidad del sistema público de pensiones nicaragüense, deficitario en estos momentos, a través del "esfuerzo compartido" (palabras textuales de Roberto López) de empresarios privados, trabajadores, pensionistas y Estado como empleador público por medio del incremento de lo que aquí en España conocemos como tipos de cotización, esto es el porcentaje que empresas y trabajadores aportan cada mes a las arcas de la Seguridad Social. El propio director ejecutivo señaló que el coste mensual de cuota patronal estatal, esto es lo que aporta el Estado, ascendía a 300.000.000 de córdobas (1€ = 37 C$).
300 millones de córdobas gasta mensualmente
el Estado de Nicaragua solo en cuotas
patronales de sus trabajadores
(Este billete de 1 córdoba no circula actualmente)
Aunque el señor Roberto López hizo hincapié en que la reforma respetaba la edad de acceso a pensión tal como está fijada actualmente a los 60 años; que el período mínimo de cotización también se mantenía en 750 semanas (15 años) y que se mantenía el 13º mes (entiendo que es una paga extra sobre a anualidad), desde mi punto de vista la medida más impopular y posible detonante final de estas revueltas (y en esto debemos saber que existen otros motivos, por ejemplo la situación de la juventud; ya que de hecho las revueltas han continuado una vez retirada la reforma) ha sido la reforma del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Seguridad social de 1982 que introducía en el sistema un descuento del 5% mensual en pensiones de vejez, invalidez e incapacidad para el mantenimiento de la asistencia sanitaria.
Imaginen, estimados lectores/as, por un momento si esto se aplicara en España. Veamos un ejemplo: un pensionista de jubilación de 750€ tendría que soportar un descuento de 37,50€ y pasaría a percibir 712,50€. Aquí se lía la de Dios es Cristo.
Y más o menos fue la que se lió en Nicaragua dos días después del anuncio de reforma del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social). Cuando el número de fallecidos se elevaba a 30 muertos el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, retiraba la reforma, al revocar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la resolución 1317 que establecía las reformas del Reglamento de la Ley de la Seguridad social anteriormente expuestas en este artículo. Esto fue el pasado 23 de abril.
No termina aquí la historia y las revueltas que estallaron por el anuncio de esta reforma han seguido hasta esta misma semana. La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo pronunció una palabras, muy sabias desde mi punto de vista, a modo de llamada al cese de toda violencia:
"Nicaragua ha sufrido mucho y seguirá sufriendo si no cambiamos, si recurrimos a la violencia".
El bloguero desea con toda sinceridad y de todo corazón lo mejor para la nación hermana de Nicaragua. Que cese la violencia y se retome el diálogo que solucione y ponga fin a esta crisis.
Por último concluir con la evidencia que vengo redactando a lo largo de todo el artículo: las pensiones comienzan a ser motivos de revueltas sociales violentas.
Espero que este artículo haya sido de su interés.
Muchas gracias.
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